SANTO DOMINGO.- El ingeniero Miguel Liberato presentó en representación de su empresa constructora una demanda por 50 millones de pesos contra Francisco Pagan, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), a quien acusa de daños patrimoniales y perjuicios ocasionados con acciones de abuso de autoridad y negligencia respecto a los reclamos de pago de una deuda por concepto de trabajos ejecutados en la terminación del recinto de la UASD de Mao.
La demanda fue depositada ante el Tribunal Superior Administrativo, a donde el demandante acudió en compañía del licenciado Euren Cuevas Medina. El expediente fue recibido por el auxiliar José Reyes y fichado con el ticket 183223, según informó Liberato.
Cuevas Medina cita que el demandante perdió casi todo el patrimonio adquirido durante 36 años de ejercicio profesional, producto de la negativa de Pagán de pagarle una deuda superior a los 35 millones de pesos durante un período de casi cuatro años.
Liberato explica que la demanda contra el ex director de la OISOE se fundamenta “en una conjugación de la Constitución de la República y las leyes 13-07, 107-13 y 41-08”, en las cuales se establece con claridad cuáles son los principios que deben regir toda actividad administrativa y los derechos de los ciudadanos.
Como elementos de prueba el constructor cita los contratos firmados con la OISOE, una certificación de reconocimiento de deuda expedida por el Director Financiero de la OISOE en el 2014 y varias comunicaciones remitidas a Pagan entre el 30 de septiembre del 2015 y el 22 de septiembre del 2019
Liberato resalta que en el documento contentivo de la demanda se especifica que la negativa y falta de acción del ingeniero Pagan de no pagar una deuda de la institución que dirigió por 5 años, lesiona los derechos fundamentales toda vez que traspasa los linderos de la Buena Administración.
Al referirse al fondo de la demanda el constructor señala que el no pago de la deuda que tiene OISOE con su empresa “constituye una violación a los contratos de obra firmados entre las partes y de toda la normativa constitucional, legal y reglamentaria que protege el derecho del pago de los trabajos ejecutados”.
